EMPLEO Y FORMACIÓN: LO ÚLTIMO QUE NOS RECOMIENDA EUROPA.



El documento aporta, como en ocasiones anteriores, conocidas e interesantes ideas y recomendaciones, entre otros aspectos, en materia de empleo y formación que posibilitan obtener una visión del tema también política pero más ajustada que la que proporcionan los diferentes partidos nacionales.
Trascribo a continuación, en forma sintética y visual, dichas ideas:
  • Que ha aumentado la prontitud de la reacción del empleo al crecimiento económico.
  • Que se ha reanudado la creación de puestos de trabajo por una mayor flexibilidad y el mantenimiento de la moderación salarial.
  • Que los convenios colectivos han favorecido esta evolución.
  • Que el aumento del empleo total ha sido principalmente por los contratos temporales, aunque aumentan ligeramente los contratos indefinidos.
  • Que la tasa de empleo temporal sigue siendo de las más altas de la Unión, sin que hayan más oportunidades de conversión de contratos temporales en fijos.
  • Que la corta duración de los contratos temporales limita la inversión en capital humano, minando el crecimiento de la productividad.
  • El desempleo y su duración media sigue siendo muy elevado, aunque esté disminuyendo. Es así particularmente entre los jóvenes.
  • El detrimento de las condiciones laborales y sociales, por los persistentes indices elevados de desempleo de larga duración, con el riesgo de que la falta de empleo se convierta en crónica.
  • Casi el 60% de los desempleados de larga duración están poco cualificados, lo que exige políticas adecuadas de formación y políticas activas y pasivas de empleo que corrijan esa inadecuación de competencias.
  • La interacción de los empleadores en la concepción de los programas de formación sigue siendo escasa.
  • Sigue siendo limitada la capacidad de los servicios públicos de empleo en ofrecer ayuda y una orientación individualizada efectiva.
  • Es limitada la cooperación entre los servicios empleo y  las agencias de colocación privadas.
  • Es desigual la cooperación entre los servicios sociales y de empleo en las distintas CCAA.
  • Hay diferencias significativas entre CCAA en cuanto a regímenes de apoyo en la renta mínima y otras prestaciones sociales, lo que dificulta la movilidad laboral.
  • La incorporación de la mujer al mercado laboral está dificultada por la eficacia limitada de prestaciones familiares, de vivienda, de guardería y de cuidados de larga duración.
  • Ha habido un rápido cambio en la composición sectorial del empleo desde 2008.
  • Dicho cambio  ha propiciado el aumento de la inadecuación de las cualificaciones.
  • El bajo nivel de las cualificaciones dificulta la transición hacia actividades de mayor valor añadido y mina el crecimiento de la productividad.
  • La oferta de cualificaciones no está suficientemente adaptada al mercado laboral, pese al elevado número de personas con estudios superiores.
  • Los índices de empleabilidad de los titulados superiores recientes están entre los más bajos de Europa.
  • Gran parte de estos titulases desempeñan ocupaciones que no requieren un título universitario.
  • La cooperación entre las empresas y las universidades sigue siendo escasa.


El documento termina con las siguientes recomendaciones en materia de empleo y formación:
  • Adoptar medidas adicionales que mejoren la integración en el mercado laboral centrándose en el apoyo individualizado y aumentando la eficacia de las medidas de formación.
  • Mejorar la capacidad de los servicios autonómicos de empleo y reforzar su coordinación con los servicios sociales.
  • Corregir las deficiencias y las disparidades de los regímenes de renta mínima y mejorar los sistemas de apoyo a las familias, incluido el acceso a guarderías y cuidados de largo duración de calidad.
  • Adoptar medidas adicionales que mejoren la pertinencia de la enseñanza superior para el mercado laboral, entre otras cosas, estimulando la cooperación entre las universidades, las empresas y el sector de la investigación.
  • Aumentar la financiación por resultados de los organismos públicos de investigación y las universidades y adoptar medidas para estimular la investigación y la innovación en el sector privado.



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